En el número correspondiente a diciembre de 2007 la revista mensual nexos publicó un interesante ensayo, En defensa del Estado democrático, firmado por los juristas Lorenzo Córdova y Pedro Salazar. En el texto, los autores dan cuenta de manera somera del avance que ha significado el proceso de democratización en México, pero sobre todo enfatizan los nuevos desafíos que debilitan o amenazan cada vez más la viabilidad del Estado mexicano en este siglo XXI, como por ejemplo, los llamados poderes salvajes que representan ciertas empresas nacionales y trasnacionales que sobrepasan al poder público; o el caso de la delincuencia organizada trasnacional que pone “en jaque a los presupuestos de la democracia constitucional…” y confronta violentamente su poder de facto con el del Estado constitucional.
Ante estos retos, los autores reivindican al Estado democrático y lo que éste implica, es decir, subordinar a todos los poderes, públicos y privados, al derecho público, como condición mínima para una convivencia civilizada.
Ante estos retos, los autores reivindican al Estado democrático y lo que éste implica, es decir, subordinar a todos los poderes, públicos y privados, al derecho público, como condición mínima para una convivencia civilizada.
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Además, en este mismo número se puede leer un artículo de Sergio J. González Muñoz, intitulado ¿Tribunal legislador?, en el que analiza los alcances y limitaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como resultado de la reforma constitucional electoral de 2007. El estudio se enfoca en cuatro temas importantes: 1) la intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos; 2) la capacidad del Tribunal para declarar nula una elección; 3) la facultad para inaplicar una norma por inconstitucionalidad; y, 4) la ejecutabilidad de los fallos del propio Tribunal.
