Prohíbe el IFE propaganda oficial y uso de fondos públicos en campañas

Escribe Alonso Urrutia, en el Diario La Jornada, el día 30 de enero de 2009.

Entre críticas de PRI y Nueva Alianza por establecer nuevas regulaciones sobre precampañas a 48 horas de que empiecen los procesos internos partidistas, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó restricciones a la propaganda gubernamental en periodo electoral y prohibiciones al uso de recursos públicos.
Entre los cambios destaca que a partir del 12 de marzo, fecha en que concluyen las precampañas, cualquier actividad proselitista de los partidos será considerada “acto anticipado de campaña”. Igualmente, se les obliga a retirar toda la propaganda electrónica, de Internet o de otro tipo, el mismo 12 de marzo, extendiéndose hasta el último día del mes, en el caso de las bardas pintadas.
También se aprobó que los ejecutivos de los tres niveles de gobierno no puedan asistir a actos proselitistas de sus partidos en días hábiles, rechazándose la propuesta de PRD, PAN y un grupo de consejeros, encabezados por Macarita Elizondo, para que esa prohibición se hiciera extensiva a “todo momento, durante el proceso electoral”. Se mantuvo la restricción para hacer pronunciamientos en favor o en contra de un partido, en cualquier tiempo.

Llegará a 819 millones 948 mil 887 pesos lo que recibirán los partidos para campañas

De acuerdo con las cifras definitivas del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre las prerrogativas que recibirán los partidos políticos para sus campañas electorales, éstas ascenderán a 819 millones 948 mil 887 pesos, de los cuales Acción Nacional (PAN), con 227.8 millones, será el que obtendrá mayores recursos. Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibirá para este rubro 159.3 millones, en tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá disponibles 136.9 millones de pesos; la coalición llamada Salvemos a México contará con 126.3.

El TEPJF ratifica el acuerdo que impide al PT y Convergencia usar la denominación FAP

Para este caso, los razonamientos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) coincidieron con los que en su momento presentaron los consejeros electorales, de que el FAP era un nombre que ya en octubre de 2006 había sido registrado para un frente de partidos que con fines no electorales pretendían realizar acciones legislativas, políticas y sociales conjuntas. Y da 48 horas a la coalición PT-Convergencia para elegir otra denominación
El columnista Alonso Urrutia, en su espacio editorial del Diario La Jornada nos puntualiza de manera textual, un segmento de la exposición del Magistrado Luna Ramos:
“Yo tenía noticias de que las partes pueden resolver o pedir alguna cuestión ad cautelam, pero que una autoridad resuelva ad cautelam no nos proporciona ninguna seguridad jurídica ni a las partes ni a nosotros en calidad de jueces.”

Cinco causas de la decadencia del IFE

Creado en 1990, el IFE muestra ya los rasgos de una institución vieja, decadente y sin deseos de ser un organismo vigoroso y abierto a la sociedad.
No tiene ánimo de conducir las transformaciones del país ni sirve de catalizador a los cambios democráticos.
Para Jaime Cárdenas, Doctor en derecho, ex consejero electoral del IFE y actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, son cinco las causas que explican su parálisis y grisura.
En su página 38 la revista semanal emeequis, del 12 de enero de 2009

Oficializan blindaje en el IFE contra el ingreso de dinero sucio en campañas

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó anoche un conjunto de medidas para apuntalar las facultades del organismo, que le permitan tener un “blindaje” para impedir que el crimen organizado pueda involucrarse en las campañas.

Puntualizando Alonso Urrutia en el Diario La Jornada, el día jueves 15 de enero de 2009, lo que las partes integrantes significativas, opinan en lo particular:

 

■ La tarea es responsabilidad de todos y obligación de los partidos: Consejero Presidente

■ Celebra el PRI que no se dotara al instituto de facultades “extralegales”

■ Las atribuciones mal usadas pueden generar distorsiones: AN

■ Llama el PRD a usar estrategias en forma responsable

POR LEY, EL IFE DEBERÁ CANALIZAR EL MONTO DE LAS MULTAS A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

En Opinión del Diario La Jornada, Néstor Martínez Cristo el 12 de enero de 2009 hace una evaluación de una de las atribuciones del Instituto Federal Electoral (IFE), donde como parte de la reflexión anota que; hasta ahora, la mayoría de las sanciones impuestas por el IFE ha sido dirigida directamente al bolsillo de los partidos. Y, por ley, cada peso que el instituto electoral obtenga producto de esas multas deberá ser canalizado al fortalecimiento de las tareas de investigación y desarrollo en el país.
Durante el año que recién concluyó, por ejemplo, el IFE aplicó multas a los partidos por un monto, nada despreciable, de 190 millones 500 mil pesos.
Muchas y muy diversas han sido las voces que han expresado, desde los más variados espacios, que no hay desarrollo posible para un país sin una estructura científica y tecnológica sólida y fuerte.
También es sabido que en México, por desgracia, los gobiernos no han dado a la ciencia y la tecnología la importancia que los países desarrollados sí le han conferido.

El jueves quedará instalado el centro de monitoreo de promocionales del IFE

En la sección de Política del Diario La Jornada, el 12 de enero de 2009, Alonso Urrutia subraya el arranque del monitoreo para determinar la transmisión de los mensajes de los partidos políticos se da en un contexto en el cual el IFE ha podido sortear 23 de los 40 amparos que diversos concesionarios de radio y televisión han interpuesto contra la obligación de transmitirlos como parte de los tiempos oficiales.
Los datos que tiene el IFE dan cuenta de que en la mayor parte de los procedimientos los juzgados han terminado por darle la razón al instituto entendiendo que se trata de recursos que se interponen en materia electoral, lo cual no es procedente.
En tanto, el IFE tiene proyectada la transmisión de 23.3 millones de promocionales a partir del arranque de las precampañas y hasta la culminación de los comicios, de los cuales alrededor de 13.3 millones corresponderán a la campaña institucional del organismo para promover el voto.
De igual forma, el resto de los 10 millones de promocionales corresponderán a las precampañas, campañas y mensajes genéricos que difundan los partidos durante los próximos seis meses en las 2 mil 600 estaciones de radio y televisión que hay en el país.

Sobre el art. 134 constitucional

Benito Nacif, consejero electoral del IFE, escribe hoy un editorial en el que interpreta el concepto de propaganda gubernamental que regula el reformado artículo 134 constitucional, el cual prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos, y rastrea el posible origen de esta práctica antidemocrática.

Fijan la cantidad de $ 214,628.04 como tope de gasto de precampaña.

El Instituto Federal Electoral fijó el tope de gasto de precampaña que cada aspirante a candidato puede gastar en su contienda interna para este proceso electoral 2009. Según lo señalado por el Vocal ejecutivo de la junta local del IFE en nuestro estado, C.P. Miguel Ángel Ochoa Aldana, el monto que cada precandidato destine a obtener su nominación como candidato a una diputación federal, no deberá ser mayor a 214,628.04, para lo cual, se estarán implementando los mecanismos necesarios para efectuar el monitoreo para el control de dicho gasto.

En defensa del Estado democrático

En el número correspondiente a diciembre de 2007 la revista mensual nexos publicó un interesante ensayo, En defensa del Estado democrático, firmado por los juristas Lorenzo Córdova y Pedro Salazar. En el texto, los autores dan cuenta de manera somera del avance que ha significado el proceso de democratización en México, pero sobre todo enfatizan los nuevos desafíos que debilitan o amenazan cada vez más la viabilidad del Estado mexicano en este siglo XXI, como por ejemplo, los llamados poderes salvajes que representan ciertas empresas nacionales y trasnacionales que sobrepasan al poder público; o el caso de la delincuencia organizada trasnacional que pone “en jaque a los presupuestos de la democracia constitucional…” y confronta violentamente su poder de facto con el del Estado constitucional.

Ante estos retos, los autores reivindican al Estado democrático y lo que éste implica, es decir, subordinar a todos los poderes, públicos y privados, al derecho público, como condición mínima para una convivencia civilizada.

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Además, en este mismo número se puede leer un artículo de Sergio J. González Muñoz, intitulado ¿Tribunal legislador?, en el que analiza los alcances y limitaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como resultado de la reforma constitucional electoral de 2007. El estudio se enfoca en cuatro temas importantes: 1) la intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos; 2) la capacidad del Tribunal para declarar nula una elección; 3) la facultad para inaplicar una norma por inconstitucionalidad; y, 4) la ejecutabilidad de los fallos del propio Tribunal.